El 23 de febrero de 1983, con un despliegue
militar sin precedentes, el gobierno socialista de Felipe González se había
incautado de Rumasa. Meses más tarde, el 5 de diciembre de 1983, se filtró la
sentencia del Tribunal Constitucional sobre la expropiación de Rumasa. Seis
magistrados habían votado en contra y otros seis a favor, desempatando el voto
de calidad de Manuel García Pelayo, presidente del Constitucional, tras
intensísimas presiones recibidas por parte de Alfonso Guerra, que le hicieron
doblegarse. El 1 de julio de 1985, aprovechando su mayoría parlamentaria, los
socialistas reformaron la Ley del Poder Judicial, decidiendo que fuese el
Parlamento quien eligiese a los vocales del Consejo General del Poder Judicial.
Se habían cargado la independencia del poder judicial, politizando dicho
órgano. La frase que se atribuye a Alfonso Guerra, “Montesquieu ha muerto”, en
referencia al filósofo que defendió la independencia de los tres poderes del
Estado –el legislativo, el ejecutivo y el judicial-, entraba en vigor en ese
mismo momento. España comenzaba a morir, poco a poco, ante el acto liberticida
del Partido Socialista Obrero Español.
La necesaria, básica y fundamental función de
vigilarse entre sí los tres poderes para evitar sus excesos, quedó rota
degenerando cada vez más, sin que nadie haya tratado de arreglar o poner fin a
esta situación insostenible y anormal en cualquier nación democrática. Ningún
partido político ha buscado una solución de verdad. Todo han sido buenas
palabras que el viento se llevó. No hay más que ver las idílicas relaciones
entre Gobierno y órganos superiores de Justicia, ajustándose a los criterios
del que manda ya que les deben el puesto que ocupan, corrompiendo la
independencia, la libertad, la democracia y, por ende, España. Nadie se
escandaliza de la adscripción partidista de los magistrados de mayor rango.
Exentos de vigilancia y de freno, sin que nadie les pare los pies, campan a sus
anchas y sus excesos no tienen parangón, produciendo repugnancia y vómito ante
tanta vileza e infamia. Para muestra, unos clarificadores hechos de la
ignominia que padecemos:
-Las Cajas, la mitad del sistema financiero
del que la partitocracia se ha enseñoreado, son un caso paradigmático de
incompetencia y ligereza. Está la responsabilidad de los políticos que
desvirtuaron el carácter social de las viejas cajas de ahorros y quienes fueron
colocados a dedo por ellos. ¿Dónde está la Fiscalía Anticorrupción y la Unidad
de Delitos Económicos y Fiscales?
-Los ERE de Andalucía, 1.400 millones de
corrupción repartidos entre PSOE, IU, CCOO y UGT, con la Junta Andaluza
entorpeciendo y persiguiendo a la juez Alaya y, lo que resulta más escandaloso,
las críticas del presidente del CGPJ, Gonzalo Moliner, a la instrucción del
caso de los ERE.
-El caso Faisán durante el Gobierno de
Zapatero y Rubalcaba, un soplo a la banda terrorista ETA, urdido para salvar el
turbio “proceso de paz” en un marco de ocultación política y confusión moral.
Las componendas de los ropones no se hicieron esperar: primero, con la
intervención minimizadora del entonces juez Garzón y sus maniobras de bloqueo;
luego, con las complacientes providencias de Gómez Bermúdez y, finalmente, con
el escandaloso apaño plenario de la Audiencia para alejar de la campaña
electoral un asunto tan escabroso.
-El delincuente Sánchez Gordillo y su
Sindicato Andaluz de Trabajadores (SAT), que se mofa del Estado y sus leyes
ocupando fincas, asaltando supermercados y agrediendo a cajeras con total
impunidad. La Justicia, empezando por el ministro de Interior, ha decidido no
tomar cartas en el asunto del régimen talibán andaluz, laboratorio del
caciquismo leninista del tal Gordillo y sus “trabajadores”, dejando total
libertad a este iluminado del pleistoceno ideológico.
-La populista Ada Colau y su Plataforma de
Afectados por la Hipoteca (PAH), promotora de la violencia del acoso y la
coacción, utilizando el seudónimo que tanto gusta a la izquierda de escrache.
Con este método, decenas de políticos del PP y sus familias –algunos en sus
casas particulares- son sitiados y amenazados; sucursales bancarias asaltadas y ocupadas sin que la Justicia haga
nada, aprovechándose de la moribunda democracia española y con actuaciones que
recuerdan épocas muy oscuras. Pero el presidente del Tribunal Supremo y del
Consejo General del Poder Judicial, Gonzalo Moliner, afirma que “los escraches,
en tanto no sean violentos y no lo son, son un ejemplo de la libertad de
manifestación”. Esta es la Justicia en España.
-El dislate de Cataluña y su declaración
soberanista de la Cámara catalana, ignorando el auto del Constitucional y con
el desacato como principio político. Mas, Gispert y demás compinches hacen
alarde de una insumisión que ha sido tolerada por el Estado de Derecho,
cuestionando la democracia en España, al cruzar la línea roja una y otra vez. Además,
encuentra apoyo a su tesis secesionista en Pascual Sala, presidente del
Tribunal Constitucional, declarando que “El Estatuto está vivo, aprobado por
referendo y todavía puede ser desarrollado”. El conocido por “Pascualone”
-imagínense por qué-, elude que el TC frene el desafío de Mas en sus dos
últimos plenos. Para salir corriendo.
-La revocación del Tribunal Constitucional de
la anulación de las candidaturas de la coalición Bildu por el Supremo, da idea
y prueba fehaciente del esperpento y caos que habita en nuestra Justicia.
Pascual Sala –otra vez “Pascualone”- y sus cinco infames cómplices, dieron luz
verde a la introducción en las instituciones de ETA-Bildu, en una de las
mayores vilezas jamás perpetrada. ¿Hay algún país democrático que tenga a los
asesinos y terroristas en el poder, beneficiándose de todo lo que ellos
denigran y combaten?
-La nutrida colección de jueces ultragarantistas
que tiene la Audiencia Nacional y que le dan a ETA todas las facilidades para
que chulee a la democracia, riéndose de sus víctimas y de todos los españoles.
Los casos de de Juana Chaos, Ternera, Bolinaga, Lasarte, Ciganda…son el
arquetipo, el fiel espejo del despropósito en que nos hemos instalado y de que
hemos tocado fondo en la mayor poza séptica de la historia.
-El caso de Sandra Palo, violada, atropellada
y quemada viva por cuatro sujetos y donde el principal acusado, Rafael García
Fernández -apodado “El Rafita”-, tras
cuatro años de condena, está completamente libre y prosigue su carrera
delictiva sin que la Justicia detenga tal animal. O el suceso de Marta del Castillo, cuyo cuerpo
sigue sin aparecer y sin saber qué pasó realmente, después de cuatro años y
medio, permaneciendo sólo en prisión Miguel Carcaño.
Todos este sangrante muestrario confirma el
colapso institucional de la Justicia, que en un Estado de Derecho es esencial
para la seguridad y la confianza del ciudadano. La impunidad se ha convertido
en una enfermedad que se ha inoculado en toda la sociedad española. La
contaminada y perversa Justicia en España se ha convertido en coyuntural
protectora de sus enemigos y las Leyes no tienen quien las defienda. Su
descomposición es crónica y nadie viene a socorrerle. Francisco de Quevedo, en
el “Sueño del infierno” –el tercero de sus cinco “Sueños”- , señala con su dedo
acusador, en primer lugar, a las gentes de la Ley, que las ha sufrido en sus carnes:
“¿Es posible que no hay en el Infierno ninguno ni le pude topar en todo el
camino? Sí hay –me respondió-;…que acá por gatos los conocemos…que, con ser el
Infierno tan gran cosa, tan antigua, tan maltratada y sucia, no hay ratón en
toda ella que ellos los cazan.” (Las zahúrdas de Plutón). Será su merecido
destino.
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